DE LAS DIASPORA AL REINO DE LA DESIGUALDAD

Por: Eliecer Banguero González.

En el tiempo transcurrido desde  la abolición de la esclavitud la historia y presente no ha dejado de ser para nosotros una muestra cruel de ametrallamiento constante a nuestros supuestos derechos que pregona  la carta política de los colombianos.

Todo esto en razón, de que quienes quieren apropiarse de  nuestro territorios han multiplicado el hambre y el miedo en nuestras comunidades, las riquezas continúan concentrándose y la pobreza difundiéndose, políticas que se han ido configurando de directa a lugares donde se pretende en nombre del desarrollo construir los más ambiciosos mega proyectos y se han caracterizado por “elaborarse” de manera poco fraccionable y por operativizarse a partir del supuesto de unas necesidades-demandas tendencialmente homogéneas.

El Estado de Derecho no es otra cosa que las mismas reglas de juego para todos. Pero las reglas iguales, cuando se le imponen a desiguales, perpetúan y mantienen la desigualdad. Poner reglas de juego en una sociedad desigual por supuesto que mantiene las desigualdades. Entonces, hay que cambiarlas, y para cambiarlas hay que construir un Estado de Derecho con justicia y en ese sentido para forjar tal propósito deberá  diferenciarse dos postulados que deben ir insertos, en el modelo de Estado donde converja el sueño de los oprimidos.

Un primer postulado ha de ser la aplicación de políticas públicas, ¿pero cómo entender estas políticas para el caso de las comunidades afrocolombianas?, en tal sentido se debe partir de la del hecho fehaciente que estas comunidades han sido excluidas por más de 500 años de los servicios que el Estado ha ofrecido a sus demás ciudadanos, fenómeno que ha sido evidenciado en un racismo estructural, que les ha obligado a marginarse y a establecer su propio entorno, lo que lleva a entrever que es muy difícil construir, por ejemplo, una sólida política de seguridad de Estado si al mismo tiempo se está aumentando la miseria y la exclusión.

Un segundo propósito ha de ser la reparación con garantías de no repetición a los daños en relación, que no ha de entenderse como ser beneficiarios de la aplicación de una política pública, en sentido general, sino que ha de ser el pago de lo adeudado ancestralmente, reparación que deberá partir  del respeto,  restitución  y adjudicación de territorios, como la reparación a la violencia estructural que el monstro de la guerra ha sembrado en su lento, aterrador, y siniestro  paso por nuestras comunidades, hablamos de los señores de la guerra, aquellos que sembraron y siguen sembrando terror, hablamos del propio Estado, hablamos del monstruo engendrados por el mismo Estado, y hablamos de la guerrilla que en nombre de nuestro dolor, nos ha causado más dolor.

Hechos que hacen que hoy en territorios habitados en su mayoría por afrocolombianos, la vida  este más llena de incertidumbres y de dudas sobre su trabajo, su familia, su vida y en especial su futuro, incertidumbres que planean sobre la realidad social y afectan con gran fuerza sus estilos y formas de vida, lo cual trasciende a la vida de pueblos y ciudades, a donde se ven obligados a migrar en búsqueda de mejores “oportunidades”, trasegando o dando pie al tan cuestionado concepto, de profundizar los cordones de miseria de los centros poblados y de las ciudades, eventos que en ultimas termina mostrando el resquebrajamiento moral en que vivimos, la perdida de los valores culturales, y en el mayor de los casos la identidad, que conlleva al olvido de sus raíces y la interiorización de malas influencias que conllevan a consecuencias y a dolorosos resultados.

Por ello es de resaltar la importancia que para las comunidades afrocolombianas tiene el territorio, derrotero que deberá estar implícito como lo he advertido en escritos anteriores y en este, al momento que el gobierno como es su obligación aplique políticas públicas diferenciadas, y se de paso a la tan anhelada reparación, elementos que deberán estar pensados desde la lógica, de “aplicar desigualdad para llegar a la igualdad”, lógica a la inversa de la aplicada hasta el momentos, no de quitarle a los pobres para continuar con la acumulación de los ricos, sino de aquella  que al que tiene menos se le da más, ya que es evidente que los problemas de la gente requieren políticas pensadas y gestionadas desde la proximidad, con lógicas trasversales, y con mecanismos y estilos de gobierno y gestión participativos. Por ello el llamado es a las diferentes expresiones de la comunidad afro, ya que es urgente sumar esfuerzos, generar complicidades y consensuar procesos de avance, en el marco de unas opciones estratégicas definidas de manera comunitaria, aprovechando las oportunidades de la proximidad territorial.

La problemática de las comunidades afrocolombianas, no debe ser  una exigencia constante, problemática que no se resolverá con la asignación de un ministerio, que en ultimas busca vislumbrar la exigencia de países como, Estados Unidos, para que apruebe una tratado de comercio, la problemática de las comunidades afro debe tratarse como la transgresión a los derecho fundamental de un ser humano, y que por ello el Estado debe resarcir el daño causado, y ese resarcir debe ser eje central de la agenda del Gobierno Nacional y de los gobiernos locales.
La política de reparación y garantías de no repetición, para las comunidades afrocolombinas debe ser consensuada entre los gobiernos y los ciudadanos, y debe responder a las necesidades de la comunidad. La complejidad de estos asuntos se hace más visible cuando los gobiernos desconocen las necesidades básicas de sus ciudadanos, pues durante muchos años los gobiernos han eludido su responsabilidad con una necesidad urgente y fundamental de los afrocolombianos como es el deseo de vivir en paz, sin exclusión, sin racismo y ante todo con las mismas oportunidades que la mayoría de los colombianos.

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