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27 junio 2008Posted in: noticias, Opinion
El Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, en cumplimiento de su mandato, hizo una visita a Colombia, por invitación del Gobierno, del 27 de septiembre al 11 de octubre de 2003. La visita permitió evaluar cómo se han venido implementando las políticas y medidas para mejorar la situación de los afrocolombianos y la población indígena, en especial tras la visita en 1996 del Relator Especial anterior, Sr. Glèlè- Ahanhanzo (véase el documento E/CN.4/1997/71/Add.1, párrs. 66 a 68).
El Relator Especial examinó asimismo la situación de los
romaníes, que aparentemente no figuran en los datos etnodemográficos de Colombia, a los que los defensores de los derechos humanos casi no prestan atención y que se consideran
víctima de una discriminación secular. Ahora bien, el objetivo principal de la visita era hacer un análisis global de la situación de todas las comunidades en el contexto del recrudecimiento de la violencia política en Colombia.
El Relator Especial reconoce que
desde 1991 Colombia tiene una Constitución y leyes e instituciones que reconocen y protegen su diversidad étnica y cultural, garantizan los derechos humanos y sienta las bases de la democracia. Pero también se percató de que la persistencia e incluso el recrudecimiento de la violencia perpetrada por todos los participantes en el drama colombiano pone en entredicho profunda y permanentemente el surgimiento de una sociedad en que se respeten los derechos humanos y el imperio de la ley.
La violencia política y militar y su corolario, la prioridad concedida por todas las partes a la solución militar del conflicto, así como el olvido de la cuestión del respeto de los derechos humanos y la violación sistemática de los derechos fundamentales de la población, han afianzado enormemente la situación de precariedad y de penuria económica y social, así como la discriminación, en particular racial y étnica, de esas comunidades. La presencia masiva de indígenas y comunidades afrocolombianas en las regiones de más importancia económica y estratégica y en las zonas de conflicto los hace muy vulnerables a esa violencia. De un número de desplazados que, según estima el Gobierno, es de 890.000 a 3 millones, el 3,75% son indígenas, que constituyen apenas el 2% de toda la población. Los afrocolombianos por su parte constituyen el 17% de los desplazados. La desastrosa repercusión del
conflicto en esta población se inscribe en un contexto cultural y social en que tiene su impacto en la conciencia el legado histórico de discriminación racial y étnica de que es objeto.
La dimensión etnorracial del conflicto armado colombiano, por lo tanto, es una dura realidad. En consecuencia, las recomendaciones del Relator Especial se articulan, en especial, en torno a las cuestiones siguientes:
- Solución política y derechos humanos.
- Programa nacional contra el racismo y la discriminación.
- Situación de los desplazados,
- Estrategia intelectual contra la discriminación.
- La isla de San Andrés.
informe del ONU sobre el racismo en colombia
Visita la pagina de la
ONU en Colombia para obtener mas información sobre esta organización.
