Nació en Lorica, Córdoba, 17 de marzo de 1920 y murió en la Ciudad de Bogotá en el año 2004. Escritor, novelista, antropólogo, investigador y científico social.
Siendo niño Manuel Zapata Olivella, su padre, el profesor Antonio María Zapata Vásquez, se trasladó con su familia a Cartagena de Indias, en donde refundo el Colegio “La Fraternidad” donde el ser humano y su entorno, eran los ejes fundamentales de estudio desde una óptica científica y humanista, que reñía con la cátedra religiosa imperante para la época.
Estudió Medicina en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. De 1943 a 1947 viajó por América Central y México ejerciendo los más diversos oficios. En la ciudad de México trabajó en el Sanatorio Psiquiátrico del Dr. Ramírez y después en el Hospital Ortopédico del Dr. cantante Alfonso Ortiz Tirado, para la revista Time y para la revista Sucesos para Todos. Discutía contra su hermano Virgilio defendiendo a los Estados Unidos, cambiando de manera de pensar después de un viaje a este país donde sufrió discriminación racial.
Escritor, novelista, antropólogo, investigador y científico social. Manuel Zapata Olivella, fue uno de los afrocolombianos más destacados del siglo XX. viajó por América Central y México ejerciendo los más diversos oficios, durante su estancia en México, escribió la novela no publicada “Arroz Amargo”. Como etnógrafo, publicó varios estudios sobre las culturas de los negros de Colombia.
Manuel Zapata Olivella es un médico, antropólogo y literato de prestigio, comprometido con la causa de la valoración de la cultura afrocolombiana.
Producto de su dedicación, en años recientes ha realizado numerosos trabajos y ensayos relacionados con aspectos artísticos, literarios, culturales y sociopolíticos de las comunidades afrocolombianas. Entre ellos sobresale Las claves mágicas de América (raza, clase, cultura), publicado en 1989, en el que sostiene que existen formas veladas de discriminación y que hay una cierta coincidencia entre el dominio de clase y el étnico.
Los ensayos y trabajos de Zapata Olivella tienen el mérito de hacer un constante llamado al reconocimiento de los aportes de las comunidades afrocolombianas a la identidad cultural de la nación, con el fin de que cada uno de los colombianos considere suya la raíz africana que hace parte de nuestra identidad.
Su producción literaria ha tenido éxitos continuos, como lo atestiguan dos de sus reconocidas novelas: Chambacú, corral de negros y Changó, el gran putas.
Discutía contra su hermano Virgilio defendiendo a los Estados Unidos, cambiando de manera de pensar después de un viaje a este país donde sufrió discriminación racial. Durante su estancia en México, escribió la novela no publicada “Arroz Amargo”. Como etnógrafo, publicó varios estudios sobre las culturas de los negros de Colombia. Enseñó en varias universidades de Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, y África. Fundó y dirigió la revista de literatura Letras Nacionales.
El tema principal de la narrativa de Zapata Olivella es la historia y la cultura de los habitantes del caribe colombiano, en especial la vivencia de los negros e indigenas. Su obra más importante es la novela Changó, el Gran Putas (1983), una extensa obra que se propone como la epopeya de los afroamericanos, narrando sus orígenes en África, las historias de los negros cimarrones en Cartagena y la independencia de Haití, hasta llegar a la lucha contra la segregación en Estados Unidos. Su novela anterior En Chimá nace un santo (1964) fue finalista en dos concursos legendarios, el Esso de 1963, en que fue derrotada por Gabriel García Márquez con La mala hora y el Premio de Novela Breve Seix Barral, cuyo primer puesto fue para La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa.
En la última década los gobiernos y la sociedad dominante han mantenido inmodificable el histórico principio de supremacía y dominación blanca y mestiza en la administración pública y privada. Hoy por hoy los(as) profesionales afrocolombianos(as) siguen siendo excluidos(as) de los cargos altos e intermedios del Estado. No hay afrocolombianos(as) en cargos importantes de la Presidencia de la República. No hay magistrados(as) afrocolombianos(as) en las altas Cortes del país. No hay ministros(as) ni viceministros(as) afrocolombianos(as). Tampoco hay afrocolombianos(as) embajadores(as); y en las Fuerzas Armadas de Colombia no hay oficiales de alta graduación afrocolombianos(as).
Los últimos tres gobiernos han sido cómplices de la discriminación racial que también se ve en el sector privado, donde la persona afrocolombiana es totalmente “invisible” en los cargos directivos y de altos ingresos. Las personas afrocolombianas suelen ser excluidas de los créditos privados y las becas para realizar estudios de formación superior. De hecho, en las universidades más prestigiosas del país el porcentaje de estudiantes afrocolombianos(as) se ubica por debajo del O.1% del total de estudiantes. Estos centros educativos, así en sus estatutos establezcan lo contrario, promueven la discriminación racial al no tener programas de acción afirmativa para afrocolombianos(as). Es decir, tienen los recursos para promover la formación de población afro a ese nivel, pero no lo hacen porque el sistema sigue siendo discriminatorio y eurocentrista.
En ese orden de ideas, la historia y los valores de la afrocolombianidad como patrimonio nacional son ignorados en los textos escolares y los currículos, contribuyendo de esta manera a la reproducción de estereotipos racistas contra los(as) afrocolombianos(as). Vale la pena agregar que los programas educativos no han abordado el tema del racismo y la discriminación racial, tal como lo exige la citada Ley General de Educación y el Decreto 122 de 1998, por medio del cual se exige la inclusión de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todos los colegios del país.
Las nuevas generaciones siguen siendo “educadas”, a pesar de las leyes, bajo un sistema que excluye, invisibiliza, discrimina y prepara para el autorechazo y la subvaloración. Existen numerosos casos de niños(as) que han sido víctimas de discriminación racial en sus escuelas y colegios. Sus propios(as) compañeros(as) e incluso los maestros los(as) insultan verbalmente, lo cual genera fuertes problemas de autoestima.
Dicha ideología racista proviene, en casi todos los casos, del propio núcleo familiar y se multiplica en todos los ámbitos y espacios de la vida cotidiana. Lo grave es que no se reconoce como un problema y mucho menos como una violación de derechos humanos, cuando es quizás la peor de las violaciones de derechos humanos que se ven en Colombia; considerando que los niños(as) afrocolombianos(as) son víctimas de humillaciones, exclusión y discriminación, sólo por el hecho de ser afrocolombianos(as), sin siquiera entender el porqué de las mismas.
Mientras en el sistema educativo no se aplique lo que exigen las normas mencionadas, se perpetuarán los estereotipos racistas y se seguirá fortaleciendo el racismo institucional a nivel público y privado. Se seguirán formando futuros padres que terminarán diciendo una frase muy común en todas las regiones del país: “Yo no soy racista, pero no me gustaría que una de mis hijas se casara con un negro…”.
Catalogar tal frase con una violación de derechos humanos para algunos sería exagerado. Sin embargo, no lo es si se considera que exactamente algo similar ocurre, aunque a veces no se exprese verbalmente, cuando una persona afro busca cualquier trabajo y no se lo dan porque sus características físicas están ligadas a estereotipos racistas. La discriminación racial es una grave violación de derechos humanos y el primer paso para eliminarla es reconocerla como tal.
Los medios de comunicación
Los medios de comunicación se han convertido en los principales difusores del racismo y la discriminación racial en Colombia. Esto ocurre desde el siglo XIX y en la actualidad no ha cambiado la situación. En los periódicos nacionales y canales de televisión (privados y públicos) con frecuencia se usa un lenguaje ofensivo y humillante al momento de nombrar y/o caracterizar a la gente afrocolombiana, hecho que fortalece la discriminación racial a través del lenguaje. De allí que sea normal que los(as) colombianos(as), comenzando por los(as) niños(as), reproduzcanel léxico racista de los comerciales de televisión, las telenovelas y los artículos de prensa.
A los(as) afrocolombianos(as) se les dice morochos(as), negritos(as), niches, negros(as), etc., en los medios de comunicación. Estos, en especial los canales privados de televisión, rara vez contratan afrocolombianos(as) y cuando lo hacen tienden a mostrarlos(as) como personas destinadas a trabajar en la servidumbre - simplemente por el hecho de ser personas afro - lo cual alimenta la discriminación racial, precisamente ligada a estereotipos racistas. Tales estereotipos también se presentan en el uso del adjetivo “negro” para referirse a lo malo, sucio, ilegal o feo, algo que históricamente ha generado rechazo hacia el color negro y la gente negra. El Tiempo, principal diario del país, nos da un lamentable ejemplo de este tipo de discriminación racial, al destacar así la eliminación de la selección olímpica de fútbol del Brasil a manos de Sudáfrica:
Brasil la vio muy negra… Cuba y Costa Rica dieron alegrías el domingo a América Latina al conquistar una medalla de oro y una de bronce en la Olimpiada de Sydney, mientras la selección de fútbol de Brasil, gran favorita para ganar el oro, perdió 3-1 con Sudáfrica.” Nadie puede negar que la irónica expresión “la vio muy negra…” se utilizó en este caso para ofender a un grupo de jugadores negros que ganó un partido de fútbol contra un equipo conformado en su mayoría por jugadores negros también.
En resumidas cuentas, los medios de comunicación en Colombia son promotores del uso de un lenguaje racista contra la gente afro, hecho que los convierte en cómplices de esta grave violación de derechos humanos. Y aunque las normas nacionales prohíben dicha discriminación a través del lenguaje, los medios la siguen practicando porque no la perciben como tal.
En el conflicto armado y desplazamiento
En los últimos años el conflicto armado interno ha contribuido a agravar la situación de las comunidades afrocolombianas. Se ha registrado un incremento de la violencia selectiva en contra de activistas de las comunidades, con homicidios, amenazas de muerte y desplazamientos forzados, así como un mayor confinamiento de éstas por parte de los grupos armados ilegales, que las ven como un obstáculo al ocupar territorios estratégicos, como la Costa Pacífica, que son ricos en materia de recursos naturales y comercio (legal e ilegal). Ese control que pretenden ejercer los grupos armados ilegales sobre los territorios de las comunidades afrocolombianas también agrava las violaciones a los derechos civiles y políticos de éstas, ya que frecuentemente son víctimas de la imposición de bloqueos económicos, el control de alimentos y medicinas, y las restricciones a la circulación de personas, empeorando así las ya precarias condiciones de vida en las que éstas habitan.
En términos del desplazamiento forzado del que las comunidades afrocolombianas son víctimas en el marco del conflicto armado, cabe resaltar que al menos el 50% de la población desplazada en Colombia es afrocolombiana. En otras palabras, más de un millón de personas afrocolombianas han sido víctimas de esta violación de los derechos humanos, que además, por tratarse en muchos casos de territorios (ancestrales) colectivos, también se ha convertido en una violación a los derechos económicos, sociales y culturales.
Otro factor preocupante para las comunidades afrocolombianas es el hecho de que en los últimos años grupos guerrilleros como las FARC, se han puesto en la tarea de “reivindicar” a algunos líderes (como Benkos Biohó) y aspectos históricos (como el cimarronaje), relacionados con la población afrocolombiana, para nombrar sus grupos de combate o acciones, hecho quehace más vulnerable y peligrosa la labor de los(as) activistas afrocolombianos(as) en el país.
Se reitera que las principales víctimas del conflicto son las personas afrocolombianas. Si bien no hay estudios que contengan la variable étnica, las imágenes de los noticieros confirman que los grupos armados ilegales nutren sus filas con personas afrocolombianas que se integran a los mismos para superar sus dramáticas condiciones de vida o lo hacen bajo presión y amenazas.
Un hecho lamentable que reconfirma que los(as) afrocolombianos(as) son las principales víctimas del conflicto armado interno, ocurrió el 2 de mayo de 2002, día en que se presentó la peor masacre ocurrida en la historia de Colombia, la masacre de Bojayá (Chocó), perpetrada por el grupo guerrillero FARC en el marco de un combate contra las autodefensas ilegales, y en la que fueron asesinadas 119 personas, incluyendo mujeres embarazadas y niños(as), todos(as) afrocolombianos(as); convirtiendo el hecho además en una grave infracción a las normas del derecho internacional humanitario, también ratificadas por el gobierno colombiano.
Respuestas de los gobiernos
A pesar de la amplia legislación en materia de derechos humanos, los últimos gobiernos no han hecho efectivos ni los tratados internacionales ratificados ni las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que buscan proteger las comunidades afrocolombianas de todo tipo de violaciones de derechos humanos, en especial de la discriminación racial de la que son víctimas, misma que tiene un impacto negativo en todas las esferas de la vida nacional.
En Colombia históricamente se ha presentado un racismo institucional fuerte que impide el desarrollo social y económico de la población afrocolombiana. El actual gobierno también ha reconocido la existencia de esta grave violación de derechos humanos, pero poco ha hecho para eliminarla en la práctica. De hecho, y a pesar de la ausencia de estudios al respecto, es fácil ver, por ejemplo, que la mayoría de los soldados que enfrentan la posibilidad de morir víctimas del conflicto son afrocolombianos, mientras se impide la promoción de oficiales afrocolombianos a los grados superiores de las Fuerzas Armadas. El actual gobierno tampoco ha creado programas de acción afirmativa y en la contratación de personal se sigue presentando discriminación racial, lo cual se refleja en la ausencia de afrocolombianos(as) en las instituciones gubernamentales.
El gobierno no pone en evidencia que en materia carcelaria, los(as) afrocolombianos(as) recluidos(as) en las cárceles son víctimas de invisibilidad (forma de discriminación racial) y no reciben defensa profesional idónea. Además, las autoridades violan sus derechos humanos, y ni el gobierno ni la administración de justicia impiden la eliminación de tales prácticas.
De otra parte, no deja de sorprender que el gobierno actual, declarado defensor de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y conociendo bien la problemática afrocolombiana, haya dedicado menos de media página a la misma en su Informe Anual de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Dicho informe se compone de 166 páginas, en las que por ejemplo sí se analiza la situación de derechos humanos de la población indígena. En pocas palabras, al gobierno poco o nada le interesa lo que pueda ocurrir en materia de derechos humanos con la población afrocolombiana, y no se ha detenido a pensar que en la medida en que se eliminen las prácticas de discriminación racial, el crecimiento económico y desarrollo social del país serán más viables.
Otro elemento que confirma el desinterés del gobierno actual hacia la problemática de la población afro del país, es el hecho de haber eliminado la única oficina creada específicamente para atender la problemática de dicha población. Nos referimos a la Dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior, ente creado en el marco de la implementación de la Ley 70 de 1993. Esta oficina fue eliminada para crear la llamada Dirección de Etnias, la cual curiosamente tiene un director mestizo que no está comprometido con la población en cuestión. Además, esta oficina tiene limitaciones en materia de recursos y pretende minimizar el complejo problema de la discriminación racial institucional en Colombia. En pocas palabras, la decisión del gobierno de eliminar la Dirección de Comunidades Negras tal como venía funcionando, ha generado no sólo un estancamiento del proceso organizativo afrocolombiano, sino el agravamiento mismo de la problemática afrocolombiana. Situación que sólo será resuelta en la medida en que se apruebe una Ley que establezca la creación de mecanismos efectivos para enfrentar la discriminación racial y una institución gubernamental que maneje la problemática afrocolombiana.
El gobierno actual tampoco muestra interés por las cifras en materia de prostitución de los(as) jóvenes afrocolombianos(as), quienes terminan en este negocio principalmente debido a sus dramáticas condiciones de vida. La pobreza y la ausencia de oportunidades originadas por la discriminación racial impulsan a los(as) jóvenes afro a prostituirse en las grandes ciudades como Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena. Lamentablemente no existen estudios en este sentido y la mencionada ausencia de una institución que analice la problemática afrocolombiana permite afirmar que la posibilidad de llevar a cabo los mismos sigue siendo muy lejana.
Por último, el gobierno colombiano sigue empeñado en no reconocer la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, para que éste examine comunicaciones de personas sobre prácticas de discriminación racial, en virtud del Artículo 14º de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial; que obliga a que los gobiernos, en representación de los Estados, respondan y/o asuman la responsabilidad de rectificar la práctica violatoria de la Convención. En ese orden de ideas, surge una pregunta para la reflexión: ¿Si en Colombia no hay racismo institucional ni prácticas de discriminación racial, cuál es el temor del gobierno de ratificar dicha competencia expresada en el Artículo 14º?
Recomendaciones y conclusiones
Con base en el Informe sobre Colombia del Sr. Doudou Diene, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, quien realizó una Misión al país de septiembre a octubre de 2003, el Movimiento Nacional Afrocolombiano CIMARRON plantea las siguientes recomendaciones y conclusiones, en aras de mejorar la situación de derechos humanos de las comunidades afrocolombianas:
Diez años después del reconocimiento a la diversidad étnica y cultural de la nación, y a pesar de la existencia de una amplia legislación que protege y defiende los derechos humanos de la población afrocolombiana, la situación socio-económica de la misma sigue siendo precaria y tiende a empeorar cada día más.
La discriminación racial es una grave violación de derechos humanos. Sin embargo, en Colombia las personas mestizas, que en su mayoría se autodenominan “blancas”, no sólo no la perciben como tal, sino que promueven la exclusión de la población afrocolombiana de todas las esferas y espacios socio-económicos relevantes; en especial de aquellos empleos que requieren atención al público, de los medios de comunicación y de los cargos de mando del sector público y privado. Esta discriminación de carácter segregacionista limita las posibilidades de desarrollo socio-económico tanto de las comunidades afrocolombianas como de la sociedad colombiana en su conjunto.
Es necesario generar un marco normativo que defina claramente y ayude a reconocer la existencia de la discriminación racial cuando esta se produce. Como lo expresa la OIT se deben establecer directrices que garanticen la eliminación de este tipo de discriminación, que además genera y refuerza la pobreza y exclusión socio-económica de las comunidades discriminadas, en este caso las afrocolombianas. Este marco debe partir de la aprobación de una ley general contra la discriminación racial que genere la creación de una comisión contra la discriminación racial que interactúe con la Presidencia, los ministerios y el sector privado, y que impulse al gobierno nacional a reconocer la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial para examinar comunicaciones de personas sobre casos de discriminación racial en el país, en virtud del Artículo 14º de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.
Se invita al gobierno a poner en efecto una estrategia intelectual y ética para acabar con el arraigamiento del racismo y la discriminación racial, en aras de construir un multiculturalismo solidario, democrático e interactivo, que haga efectiva la diversidad étnica y cultural proclamada en el Artículo 7º de la Constitución. Para ello, el gobierno debe exigir a las escuelas y colegios el establecimiento de la etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos por un lado, y la prohibición del lenguaje discriminatorio contra la población afrocolombiana en los medios de comunicación por otro. Así mismo, debe promover políticas de acción afirmativa que garanticen la participación afrocolombiana en todas las esferas políticas y socio-económicas.
En resumidas cuentas, el gobierno actual debe promover el establecimiento de una Ley que cree una estrategia de inclusión racial en aras de generar una mayor inversión en capital humano afrocolombiano y elimine la discriminación racial ocupacional, para generar un impacto positivo y constante en la calidad de vida no sólo de las comunidades afrocolombianas, sino de todos(as) los(as) colombianos(as). La misma Ley debe impulsar la creación de una institución estatal dedicada a estudiar y encontrar soluciones a la problemática afrocolombiana. Dicho ente debe ser liderado, contrario a lo que ha hecho el gobierno actual con la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, por investigadores(as) afrocolombianos(as) que estén comprometidos(as) con el respeto a los derechos humanos y el desarrollo de la población afrocolombiana.
La situación de la salud en las comunidades afrocolombianas del litoral Caribe está en concordancia con la situación socioeconómica. Esta se caracteriza por presentar tasas elevadas de extrema pobreza, baja calidad de vida, desnutrición y alta incidencia y persistencia de enfermedades transmisibles como la EDA, la IRA y la tuberculosis, que ocasionan una elevada tasa de mortalidad infantil que va del 10% al 50%; cifra que está por encima del promedio nacional. El acceso a los servicios de salud en las localidades afrocaribeñas se encuentra restringido y reporta indicadores marcadamente inferiores a los del resto de la población colombiana.
La cobertura de seguridad social en salud en los departamentos de Cesar, Córdoba, Guajira y Sucre representan el 38, 24, 33 y 30%, respectivamente. En Cartagena, por ejemplo, el 70.7% de los habitantes que utilizan el programa del Sisben están ubicados en estratos socioeconómicos 1 y 2. El 90.5% de los pobladores de la zona rural del Distrito mantienen niveles intolerables de extrema pobreza. Las localidades afrocaribeñas han adquirido beneficios en salud de un 20% con el Sisben y de un 30% con el régimen subsidiado. Además, han recibido capacitación, promoción y prevención de salud, de acuerdo con la Ley 100.
En la costa Pacífica colombiana la información relativa a servicios de salud permite inferir un estado de extrema precariedad. Chocó, por ejemplo, presenta un faltante significativo en el número de profesionales encargados de la red pública del sistema de salud. En la actualidad, existen 77 médicos, 23 odontólogos, 51 enfermeras profesionales y 394 auxiliares de enfermería. El déficit en esta área alcanza la cifra de 1.013 profesionales. La ausencia de especialistas es suplida por médicos raiceros o curanderos, jaibanás y comadronas, quienes atienden las enfermedades tratándolas con plantas medicinales. Por otra parte, las principales causas de morbilidad en este departamento son las enfermedades diarreico agudas, aquellas de las vías respiratorias, las transmitidas por diversos vectores y la hipertensión arterial.
En la zona centro-sur del litoral el cubrimiento apenas alcanza una pequeña parte de la población, situación que se agudiza en los poblados rurales. En las cabeceras municipales de Buenaventura y Tumaco existen hospitales estatales y en las comunas centros de salud.
Algunos pobladores de las áreas urbanas de Buenaventura asisten al hospital de la base militar de Bahía Málaga. En sitios de turismo como Juanchaco y Ladrilleros se cuenta con un centro de salud. La zona rural del municipio de Buenaventura tiene 49 médicos, de los cuales 13 están en Anchicayá y 36 en la bahía. Hay 20 puestos de salud distribuidos en las cuencas de los ríos Dagua, Anchicayá, Raposo, Cajambre, Yurumangui y Naya; 12 centros de salud dispuestos en las cuencas del San Juan y Calima; y 3 hospitales ubicados en la cuenca del Naya y en las bahías de Málaga y Buenaventura. En Cali las tendencias en salud son preocupantes. La esperanza de vida al momento de nacer es de 71 años; sin embargo, en los estratos bajos el índice disminuye. La tasa de mortalidad materna ha disminuido notablemente en los últimos años debido al programa de control parental. No obstante, el 46% de las mujeres afiliadas siguen muriendo por deficiencias en la prestación del servicio o por el ingreso tardío a dicho control. La población más susceptible a este tipo de mortalidad está ubicada en los sectores más pobres de la ciudad, en particular en el distrito de Aguablanca. Entre 1990-1996, por ejemplo, este sector presentó las tasas más altas de mortalidad infantil del municipio. En febrero de 1996, según datos del Sisben, estaban vinculados al sistema subsidiado de salud el 50% de los habitantes pobres de Cali; de los no afiliados, el mayor porcentaje, el 83%, correspondía a los pobladores de la zona rural del municipio. Asimismo, en 1997, la mitad de los habitantes de la ciudad estaban catalogados en situación de alto riesgo; cobijaba a las comunas que estaban clasificadas en el ámbito socioeconómico en los estratos bajo-bajo, bajo y medio-bajo. En estos estratos el régimen de salud subsidiado cubría únicamente el 13% de la población. Por otra parte, el 76% de la población urbana pobre no esta inscrita en ningún sistema de salud.
En Medellín existen altos índices de desprotección en salud y seguridad social, que está presente en el 69.9% de las familias. El 17.9% está afiliada al ISS, el 5% a cajas de compensación y el 2.7% es cobijado por el seguro médico de las empresas. En diversos sectores de la ciudad, mujeres afropaisas ejercen como parteras, asistiendo a sus vecinas y amigas durante el embarazo y el alumbramiento.
Los afrobogotanos parecen gozar de un inmejorable estado de salud. De una muestra de 606 individuos, el 14.5% percibe su estado de salud como muy bueno, el 65.7% como bueno, el 18.5% como regular. Estas cifras son significativas, si se tiene en cuenta que la cuarta parte de los interrogados está por fuera del sistema institucional de salud; lo cual se debe a la falta de dinero en un 45.2% y a la ausencia de vinculación laboral en un 6.2%. De los que se hallan afiliados se sabe que el 53.4% lo está a EPS, Cajas de Compensación y Empresas Solidarias, el 16% al ISS. y el 6.4% a regímenes especiales como las FFMM, Ecopetrol y el Magisterio. Por otra parte, el 50.1% tienen afiliación al régimen subsidiado de salud, mientras que el 48.7% está con el contributivo.
Aunque hubo claridad con respecto al tipo de régimen de afiliación; el 90.3% de la muestra no dio razón sobre el plan o seguro de salud que disfrutaba. Asimismo, el 56.2% de los encuestados que tenían afiliación al sistema de salud, admitieron ser beneficiarios de un familiar, y el 37.8% dijeron que el pago lo descontaban de la nómina, salario o pensión. Ahora bien, entre los grupos afrobogotanos el diagnóstico de ciertas enfermedades y su tratamiento dependen en gran medida de haberes tradicionales, esto se debe a la presencia en la capital de un número significativo de afro chocoanos que han permitido que se mantengan creencias ancestrales sobre las causas de las enfermedades y la manera de como éstas se alivian.
Con una amplia programación socio cultural, finaliza en apartadó la primera face del proyecto Reconstrucción de Capital Social y Ciudadano en comunidades afectadas por la confrontación armada, que se realiza desde Julio en cinco municipios del uraba Antioqueño.
El objetivo del proyecto, es el de mejorar las condiciones de convivencia y aceptación mutua entre excombatientes, comunidades receptoras e institucionalidad en un horizonte de reconciliación, cuya clausura estuvó prevista el pasado sábado 5 de diciembre a partir de las nueve de la mañana en el parque recreativo Comfamiliar Camacol de Apartadó.
El proyecto financiado por la Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia, la Unión Europea y la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica, ha invertido en la subregión de Urabá quinientos quince millones, con lo cual se benefician comunidades de Arboletes, Carepa, Mutatá, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá.
La programación, según la Fundación para el Desarrollo Intercultural, entidad ejecutora del proyecto, incluye dentro de sus principales actividades la Galería de la Reconciliación, en la cual, Arboletes realiza una exposición fotográfica; Carepa presenta su feria de productos para la convivencia; Mutatá traza la ruta de la reconciliación; San Juan de Urabá, mostrará la carpintería de proyectos y San Pedro presentará una serie de videos alusivos a las principales actividades y vivencias del proyecto.
La variada programación “Testimonios para la Reconciliación en Urabá” se complementa este sábado con la entrega de material de audio de tipo pedagógico, presentación de los grupos revelación folclórica de Apartadó y entrega de certificados a los destinatarios del proyecto resaltando participación, liderazgo y compañerismo.
“Con este proyecto buscamos contribuir con la recuperación de los territorios afectados por la confrontación armada, mediante el desarrollo de acciones en las que participen excombatientes, comunidades y la institucionalidad, a fin de desmontar imaginarios que impiden el encuentro de quienes han sido afectados por la acción de los grupos ilegales”, precisó el Asesor de Paz, Jorge Ignacio Castaño Giraldo.
Durante los meses de ejecución del proyecto se desarrollaron talleres de formación, rondas de movilización ciudadana y acciones simbólicas y lúdicas, como la marcha por la convivencia y la reconciliación en Carepa; la exposición pública de proclamas sobre reconciliación y convivencia, la presentación de videos, pantomima y títeres, entre otras, expresiones artísticas y culturales.
El proyecto ha posibilitado sensibilizar a 250 destinatarios directos por formación, 1.500 por multiplicación y 65 mil por difusión.
La población afrocolombiana se caracteriza por la explotación de su fuerza de trabajo en los empleos duros, el despojo de sus tierras, el retraso educativo, la pobreza e inhumanidad en las condiciones de vidas familiares, el racismo en las relaciones con las comunidades mestizas blancas, la discriminación racial en la cotidianidad, la exclusión racial en casi todas partes y la ciudadanía incompleta, ciudadanía “recortada” por la violación de sus derechos humanos.
Las graves consecuencias económicas, sociales, culturales, educativas, políticas y espirituales que provocó la Institución de la Esclavitud, están vivas y activas dentro de la sociedad colombiana unidas a los desequilibrios, inseguridades e injusticias propios del modelo de desarrollo económico y social capitalista promovido por las élites dominantes, sus víctimas siguen siendo las poblaciones afrodescendientes que reivindican la verdad, justicia, reparación y equidad social y comunitaria.
Estudios recientes del Departamento Nacional de Planeación DPN, citados por CIMARRÓN en su Informe 2004 sobre el estado de los Derechos Humanos de las Comunidades Afrocolombianas, concluyen que el 90% de la población afrocolombiana vive en condiciones alarmantes de miseria, exclusión social, discriminación racial y segregación social. CIMARRÓN afirma que el panorama socioeconómico refleja que en Colombia la mayoría de los descendientes de los africanos son pobres, y que la mayoría de los pobres son descendientes de africanos, sin que ello haya sido motivo de preocupación para los gobiernos.
Algunas estadísticas del DNP sobre la realidad afrocolombiana son las siguientes:
* Las zonas de mayor predominio de población afrocolombiana son aquellas que presentan los más bajos índices de calidad de vida del país.
* El ingreso per cápita promedio de los (as) afrocolombianos(a) se aproxima a los 500 dólares anuales, frente a un promedio nacional superior a los 1500 dólares.
* El 75% de la población afro del país recibe salarios inferiores al mínimo legal y su esperanza de vida se ubica en un 20% por debajo del promedio nacional.
* La calidad de la educación secundaria que recibe la juventud afrocolombiana es inferior en un 40%, al compararla con el promedio nacional.
* En los departamentos del Pacífico colombiano, de cada 100 jóvenes afros que terminan la secundaria, sólo 2 ingresan a la educación superior.
* Aproximadamente el 85% de la población afrocolombiana vive en condiciones de pobreza y marginalidad, sin acceso a todos los servicios públicos básicos.
La población afrocolombiana, corresponde al 26% aproximadamente de la población nacional, más de 10.562.519 millones de personas; el 30% de esta población vive en el Chocó Biogeográfico, más del 50% reside en la zona rural, y un 45% aproximadamente viven en las grandes y medianas ciudades, en los barrios marginados; un porcentaje mínimo vive en condiciones satisfactorias.
A partir de los años 40 se ha presentado una oleada de migraciones del campo a las ciudades. Este fenómeno se debe a cuatro causas fundamentales: búsqueda de trabajo, baja rentabilidad de las actividades productivas, menoscabo de la seguridad alimentaría, el desplazamiento forzoso ocasionada por la violencia de los grupos alzados en armas, la violencia común, las masacres y el estudio.
El 80% de los afro colombianos viven por debajo de la línea de pobreza absoluta, posee el mayor coeficiente de desigualdad de distribución de los ingresos, el 74% recibe salarios por debajo del mínimo legal, el Índice de Desarrollo Humano es de 0.66 que es el más bajo de la población colombiana, bajísimo índice de telecomunicaciones, alto índice de desempleo en la zona rural y urbana, bajo nivel institucional en el ámbito nacional departamental y municipal, y bajo nivel de las instituciones que apoyan el desarrollo específico de las comunidades afrocolombianas.
El Índice de Pobreza Humana, que representa defunciones de menores de 40 años, analfabetas de 15 años y más, las condiciones de vida (sin acueducto, sin servicios de salud, desnutrición global, etc.) es del 10.4% en Latinoamérica, Colombia ocupa el puesto 11, por debajo de Uruguay, Costa Rica, Cuba y chile. Esta posición denigrante está relacionada directamente con el estado de subdesarrollo que vive la cuarta parte de la población colombiana, representada en los pueblos afrocolombianos.
La superación de esta compleja problemática de la población afrocolombiana requiere de la intervención especial y prolongada del gobierno nacional, en estrecha coordinación con los gobiernos departamentales y nacionales, asignando recursos suficientes y condiciones institucionales apropiadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de la Población Afrocolombiana, que en cumplimiento de la Ley 70/93, cada gobierno debe implementar dentro del Plan de Desarrollo y el Plan de Inversión Nacionales. En el Departamento Nacional de Planeación DNP debe crearse una unidad especial de planeación y seguimiento a la implementación y ejecución del plan afrocolombiano.
El gobierno nacional debe elevar a política pública la lucha contra la exclusión racial de las personas negras en el mercado laboral público y privado. Es urgente la concertación e implementación de un Programa Nacional para la igualdad racial en las Oportunidades de Empleo, que establezca medidas de acción afirmativa o diferenciación positiva, a favor de las personas negras competentes y estímulos fiscales y en la contratación estatal a favor de los empleadores cooperantes.
Pero también las personas afros deben asumir sus propias responsabilidades étnicas y sociales. En los municipios los partidos políticos, las organizaciones sociales y las alcaldías, deben concertar y determinar los proyectos de vida que desean para el presente y futuro de la niñez y la juventud afrocolombiana, estos proyectos deben contener y desarrollar los valores de la identidad afrocolombiana, y reflejarlos en los planes de desarrollo. Nadie podrá ejecutar acciones de progreso étnico-social de las comunidades afros si ellas mismas, a través de sus líderes y organizaciones sociales, educativas y políticas, no lo quieren hacer para sí mismas.
En el tiempo transcurrido desde la abolición de la esclavitud la historia y presente no ha dejado de ser para nosotros una muestra cruel de ametrallamiento constante a nuestros supuestos derechos que pregona la carta política de los colombianos.
Todo esto en razón, de que quienes quieren apropiarse de nuestro territorios han multiplicado el hambre y el miedo en nuestras comunidades, las riquezas continúan concentrándose y la pobreza difundiéndose, políticas que se han ido configurando de directa a lugares donde se pretende en nombre del desarrollo construir los más ambiciosos mega proyectos y se han caracterizado por “elaborarse” de manera poco fraccionable y por operativizarse a partir del supuesto de unas necesidades-demandas tendencialmente homogéneas.
El Estado de Derecho no es otra cosa que las mismas reglas de juego para todos. Pero las reglas iguales, cuando se le imponen a desiguales, perpetúan y mantienen la desigualdad. Poner reglas de juego en una sociedad desigual por supuesto que mantiene las desigualdades. Entonces, hay que cambiarlas, y para cambiarlas hay que construir un Estado de Derecho con justicia y en ese sentido para forjar tal propósito deberá diferenciarse dos postulados que deben ir insertos, en el modelo de Estado donde converja el sueño de los oprimidos.
Un primer postulado ha de ser la aplicación de políticas públicas, ¿pero cómo entender estas políticas para el caso de las comunidades afrocolombianas?, en tal sentido se debe partir de la del hecho fehaciente que estas comunidades han sido excluidas por más de 500 años de los servicios que el Estado ha ofrecido a sus demás ciudadanos, fenómeno que ha sido evidenciado en un racismo estructural, que les ha obligado a marginarse y a establecer su propio entorno, lo que lleva a entrever que es muy difícil construir, por ejemplo, una sólida política de seguridad de Estado si al mismo tiempo se está aumentando la miseria y la exclusión.
Un segundo propósito ha de ser la reparación con garantías de no repetición a los daños en relación, que no ha de entenderse como ser beneficiarios de la aplicación de una política pública, en sentido general, sino que ha de ser el pago de lo adeudado ancestralmente, reparación que deberá partir del respeto, restitución y adjudicación de territorios, como la reparación a la violencia estructural que el monstro de la guerra ha sembrado en su lento, aterrador, y siniestro paso por nuestras comunidades, hablamos de los señores de la guerra, aquellos que sembraron y siguen sembrando terror, hablamos del propio Estado, hablamos del monstruo engendrados por el mismo Estado, y hablamos de la guerrilla que en nombre de nuestro dolor, nos ha causado más dolor.
Hechos que hacen que hoy en territorios habitados en su mayoría por afrocolombianos, la vida este más llena de incertidumbres y de dudas sobre su trabajo, su familia, su vida y en especial su futuro, incertidumbres que planean sobre la realidad social y afectan con gran fuerza sus estilos y formas de vida, lo cual trasciende a la vida de pueblos y ciudades, a donde se ven obligados a migrar en búsqueda de mejores “oportunidades”, trasegando o dando pie al tan cuestionado concepto, de profundizar los cordones de miseria de los centros poblados y de las ciudades, eventos que en ultimas termina mostrando el resquebrajamiento moral en que vivimos, la perdida de los valores culturales, y en el mayor de los casos la identidad, que conlleva al olvido de sus raíces y la interiorización de malas influencias que conllevan a consecuencias y a dolorosos resultados.
Por ello es de resaltar la importancia que para las comunidades afrocolombianas tiene el territorio, derrotero que deberá estar implícito como lo he advertido en escritos anteriores y en este, al momento que el gobierno como es su obligación aplique políticas públicas diferenciadas, y se de paso a la tan anhelada reparación, elementos que deberán estar pensados desde la lógica, de “aplicar desigualdad para llegar a la igualdad”, lógica a la inversa de la aplicada hasta el momentos, no de quitarle a los pobres para continuar con la acumulación de los ricos, sino de aquella que al que tiene menos se le da más, ya que es evidente que los problemas de la gente requieren políticas pensadas y gestionadas desde la proximidad, con lógicas trasversales, y con mecanismos y estilos de gobierno y gestión participativos. Por ello el llamado es a las diferentes expresiones de la comunidad afro, ya que es urgente sumar esfuerzos, generar complicidades y consensuar procesos de avance, en el marco de unas opciones estratégicas definidas de manera comunitaria, aprovechando las oportunidades de la proximidad territorial.
La problemática de las comunidades afrocolombianas, no debe ser una exigencia constante, problemática que no se resolverá con la asignación de un ministerio, que en ultimas busca vislumbrar la exigencia de países como, Estados Unidos, para que apruebe una tratado de comercio, la problemática de las comunidades afro debe tratarse como la transgresión a los derecho fundamental de un ser humano, y que por ello el Estado debe resarcir el daño causado, y ese resarcir debe ser eje central de la agenda del Gobierno Nacional y de los gobiernos locales.
La política de reparación y garantías de no repetición, para las comunidades afrocolombinas debe ser consensuada entre los gobiernos y los ciudadanos, y debe responder a las necesidades de la comunidad. La complejidad de estos asuntos se hace más visible cuando los gobiernos desconocen las necesidades básicas de sus ciudadanos, pues durante muchos años los gobiernos han eludido su responsabilidad con una necesidad urgente y fundamental de los afrocolombianos como es el deseo de vivir en paz, sin exclusión, sin racismo y ante todo con las mismas oportunidades que la mayoría de los colombianos.
La libertad para los esclavizados no fue un gesto de generosidad y filantropía de la clase poderosa, sino el resultado de las exigencias y presiones ejercidas por los mismos afrocolombianos, las continuas revueltas y fugas, los ataques de los cimarrones a las haciendas. Además, ya no eran tan rentables el comercio y mantenimiento de cuadrillas de esclavos. La libertad prometida en la independencia, fue discutida y trabajada en los congresos siguientes y se convirtió en un empeño que duró más o menos 39 años. El bien público, la propiedad privada y la paz, fueron los principios utilizados para atrasar casi indefinidamente la manumisión total.
ABOLICION LEGAL DE LA ESCLAVITUD EN COLOMBIA
En el proceso de abolición de la esclavitud son importantes cuatro fechas:
1812: La constitución del Estado de Cartagena prohibió el comercio y trata de negros.
1814: El dictador Juan del Corral ordenó la libertad a los hijos de esclavos nacidos en Antioquia.
1821: Ley de Libertad de vientre
1851: 21 de Mayo, el Presidente José Hilario López firma la abolición legal de la esclavitud.
Se trata de un gesto formal puesto que nuevas leyes y figuras de explotación como arrendamiento, el terraje, trabajos forzosos impuestos y otros continuaron esclavizando al hombre y a la mujer afrocolombiana. En la abolición de la esclavitud se indemnizó al esclavizador y no al esclavizado.
EL PRECIO DE LA LIBERTAD
Después de la independencia, el negro ahondó más en el conocimiento de su situación de esclavo y marginado al participar activamente en las acciones de guerra. Rompió su aislamiento y lo llevó a otras regiones y a detectar otras realidades.
En el Cauca los negros pagaban 10 días de trabajo como impuesto de terraje a la familia Arboleda por el terreno para subsistir. La respuesta fueron levantamientos como los de los colonizadores de Río Palo en Puerto Tejada y Santander de Quilichao que resistieron a los hacendados y a los embates del capitalismo agrario. Desde aquí, muchos se movilizaron hasta establecerse en el litoral Pacífico y las zonas mineras de Barbacoas, en los ríos Telembí y Guelmanbí.
En 1.874, mediante la ley 51, el gobierno determinó la adjudicación de terrenos baldíos a quienes los estuvieran cultivando; se desató un masivo proceso de colonización y desplazamiento de población en busca de tierras, se favoreció especialmente a los grandes terratenientes. Muchos negros mineros y cultivadores de baldíos, por falta de conocimiento e información, no reclamaron la adjudicación y durante un siglo fueron considerados “colonos” en sus propias tierras.
PERSPECTIVAS ORGANIZATIVAS
Para entender el proceso organizativo del pueblo afrocolombiano podemos remontamos a la presencia de los Cimarrones, como ya hemos visto, esto nos dice que el afrocolombiano esclavizado siempre buscó ser libre. Cuatro años después de su llegada forzosa se dieron las expresiones de los Cimarrones. Como la historia fue escrita por los dominadores no encontramos testimonios de todas las gestas de los africanos y sus descendientes en América, sólo se han podido encontrar algunos hechos y testimonios:
v 1852: Jurídicamente no hay presencia de esclavos. Para el afrocolombiano hay dos opciones: Pasar a ser asalariado o vivir en la periferia de las nacientes ciudades, en los ríos y montañas.
v 1900: Se puede hablar de una época de asentamiento donde sobresale el testimonio de Manuel Saturio Valencia (1867-1907), poeta, pedagogo y dirigente popular. Fue el último fusilado en Colombia, el 7 de mayo de 1907, (cuando ya se había suprimido la pena de muerte, pero estratégicamente el decreto no se dio a conocer hasta después de fusilarlo). Lo acusaron de haber incendiado la Calle primera de Quibdó, que representaba los intereses de la sociedad blanca chocoana. Saturio fue profesor de música y canto en las escuelas, juez y personero municipal. Considerado como el primer literato negro del Chocó. Por la misma opresión racista, sus obras quedaron inéditas.
v 1900-1903. Con el desencadenamiento de la Guerra de los Mil Días, vino otra tragedia para el pueblo afrocolombiano que fue violentamente expulsado de la zona del terraje y de sus propias tierras. En el Cauca esta realidad llevó a José Cinecio Mina y sus 100 compañeros a levantarse en armas; por su resistencia y valor, los negros afrocaucanos se ganaron la fama de tener pacto con el diablo, se les llamó “los empautados”.
v 1905, Manuel Hernández “el boche” se levantó contra la supervivencia de la matrícula colonial en la hacienda Misiguay, en Córdoba.
v 1947: Diego Luis Córdoba, primer senador chocoano. El más ilustre del siglo XX, con una mente poderosa, se hizo abogado y emprendió la búsqueda del Chocó como departamento. Otro gran logro de Diego Luis Córdoba fue el fortalecimiento de la educación por medio de la Normal, donde hombres y mujeres se preparan para ejercer el magisterio. Por las diferencias políticas debe viajar a México donde muere.
v 1954: Se realizaron 18 días de protesta ante la amenaza de la desmembración del departamento del Chocó. Al final de la protesta se logró que se archivara el proyecto. El entonces periodista Gabriel García Márquez cubrió para el periódico El Espectador dicha noticia.
v 1959: Proceso de descolonización de los países africanos.
v 1960: Por la influencia de los movimientos extranjeros como los de Martín Luther King y Malcom X en Estados Unidos, Nelson Mandela en Sudáfrica, y Fidel Castro en Cuba, surgen en Colombia diferentes expresiones:
El movimiento de la negritud con Amir Smith Córdoba
Juan Zapata Olivella, con el movimiento multicolor. Se lanzó a la presidencia, pero le ofrecieron un puesto en la Embajada de Haití, aceptó y así fracasó su movimiento.
En 1976 se realiza el Primer Congreso de la Cultura negra de las Américas, en Cali, del 12 al 15 de octubre.
Movimiento Cimarrón: Surge en Colombia liderado por Juan de Dios Mosquera, en Buenaventura el 15 de Diciembre de 1982. Tuvo una primera etapa como Círculo de Estudio SOWETO, en Pereira, Risaralda (1976). Busca los derechos de las negritudes, la superación de toda discriminación racial, la negritud como belleza, la indemnización por los años de esclavitud. En 1.990, su presidente participó como candidato a la Constituyente entre las personalidades.
v En la década de los 80 surgen en el ámbito del Pacífico las organizaciones Étnico Territoriales que luchan por el reconocimiento como grupo étnico y el derecho a la titulación colectiva. La primera de estas Organizaciones es la ACIA, Asociación Campesina Integral del Atrato, como respuesta al abuso de las compañías madereras en la explotación indiscriminada del bosque, y al taponamiento del río con las trozas. En la búsqueda de solución los campesinos afrocolombianos encuentran el decidido apoyo de la Diócesis de Quibdó y de la Organización indígena Orewa. Otras organizaciones de este estilo son OBAPO, Organización de Barrios Populares de Quibdó, ACADESAN, Asociación Campesina del San Juan, ACABA, Asociación Campesina del Baudó, Coordinadora de Comunidades Negras, entre otros.
v 1984: Experiencia de etnoeducación y etnodesarrollo gestionado por líderes afrocaucanos en el norte del Cauca: Villarrica, La Balsa.
v En 1986 se realiza un Seminario Internacional con el tema «La Participación del Negro en la Formación de las Sociedades Latinoamericanas»
v En 1987 la comunidad chocoana volvió a protestar exigiendo la titulación de sus tierras.
v En 1988 en Tumaco tiene lugar un fuerte paro de protesta por el olvido y el incumplimiento gubernamental a las necesidades vigentes. Dejó en cenizas varias dependencias oficiales.
v 1989: Movimiento investigativo histórico y cultural Cinecio Mina en el norte del Cauca, con el objetivo de luchar por las reivindicaciones étnicas, políticas y ambientales del pueblo afrocolombiano.
Estos grupos y personas han tenido su aporte concreto en el proceso de las comunidades afrocolombianas.
Nació en Lorica, Córdoba, 17 de marzo de 1920 y murió en 
La libertad para los esclavizados no fue un gesto de generosidad y filantropía de la clase poderosa, sino el resultado de las exigencias y presiones ejercidas por los mismos afrocolombianos, las continuas revueltas y fugas, los ataques de los cimarrones a las haciendas. Además, ya no eran tan rentables el comercio y mantenimiento de cuadrillas de esclavos. La libertad prometida en la independencia, fue discutida y trabajada en los congresos siguientes y se convirtió en un empeño que duró más o menos 39 años. El bien público, la propiedad privada y la paz, fueron los principios utilizados para atrasar casi indefinidamente la manumisión total
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